Informe evidencia impactos de la actividad empresarial en los Derechos Humanos del Pueblo Mapuche

Informe evidencia impactos de la actividad empresarial en los Derechos Humanos del Pueblo Mapuche

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En la sede del Observatorio Ciudadano en Temuco y con la presencia de representantes de comunidades indígenas afectadas, fueron presentados ayer los resultados del Informe “Impactos de las empresas en los Derechos Humanos del Pueblo Mapuche”, el que da cuenta de los nocivos efectos de la actividad empresarial en tierras legalmente reconocidas y de ocupación tradicional  mapuche y la violación de derechos fundamentales que producen estas inversiones.

El informe, junto con hacer revisión a los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas y al derecho internacional de pueblos indígenas, analiza tres casos emblemáticos de afectación; el proyecto central hidroeléctrica Neltume, impulsado por la trasnacional ENDESA-ENEL en tierras de comunidades mapuche del Lago Neltume, región de Los Ríos; el proyecto ducto de eliminación de residuos industriales de la planta de celulosa CELCO en la Bahía de Maiquillahue, sobre tierras y borde costero de comunidades mapuche-lafkenche en la región de Los Ríos, y la piscicultura Caburga II, impulsado por la empresa AquaChile en tierras de comunidades mapuche de la región de la Araucanía.

José Aylwin, co director del Observatorio Ciudadano, destacó la importancia del estudio señalando  que el mismo «demuestra que la actividad empresarial, expresada en proyectos de inversión forestal, hidroeléctrico y de salmonicultura en tierras de ocupación legal o tradicional mapuche está teniendo un grave impacto en los derechos de este pueblo y de sus comunidades».

Aylwin sostuvo, además, que «la metodología utilizada en este estudio ha permitido identificar la responsabilidad que, de acuerdo a los Principios Rectores de Naciones Unidas, corresponde al Estado y a las empresas en la vulneración de los derechos del pueblo mapuche. En el caso del Estado, al promover y  aprobar estas inversiones, sin proteger adecuadamente los derechos de los pueblos indígenas, entre ellos, los derechos sobre sus tierras y recursos naturales, el derecho a la consulta y, en algunos casos, al consentimiento libre, previo e informado de estos pueblos, frente a las medidas administrativas con que se les aprueban. Tampoco ha aplicado las leyes vigentes, ni revisado dicha legislación de conformidad al Convenio 169 de la OIT  para asegurar la protección de los derechos de pueblos indígenas», agregó.

En cuanto al actuar de las empresas, y siempre considerando los Principios Rectores de Naciones Unidas  sobre la materia, destacó que «éstas no han tenido la debida diligencia que deberían tener en sus inversiones, para asegurar que estas no resulten en la afectación de derechos de pueblos indígenas. Asimismo, no han reparado los daños que sus operaciones han provocado en las comunidades mapuche», concluyó.

Por su parte Boris Hualme, werken de las comunidad mapuche-lafkenches de Mehuin, señaló que el estudio evidencia “que el conflicto que enfrentamos nosotros en particular, con el actuar la empresa CELCO en nuestras tierras, es una realidad que está ocurriendo tanto en Chile como en territorio mapuche, donde el Estado lleva ejerciendo más de 100 años de gobernanza, producto de un modelo y prácticas que promueve y admite, generando conflictos ambientales y territoriales a la largo del país”.

Para Haulme es evidente que “el poder económico ha coaptado a las autoridades políticas y administrativas, que hoy es claro el procesamiento que enfrentan parlamentarios y en figuras políticas, de las que la sociedad recién toma clara conciencia y que nosotros venimos experimentando desde hace más de un siglo, con un Estado que mediante el engaño y la mentira intenta imponernos sus proyectos de desarrollo, actuando al borde de la legalidad y admitiendo la compra de conciencias”, advirtió.

Lo anterior, de acuerdo al dirigente, “es claro en los permisos sectoriales de Corema en febrero de 2010 y también Conama, quienes aprobaron un proyecto en el aire, donde tienen ni el espacio ni la factibilidad ambiental para desarrollarlo. También en el actuar de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero, que preside el Intendente, donde CELCO también está intentando influir, pero el territorio está blindado por las acciones que hemos emprendido. Esta formas, demuestran que se trata de un Estado que actúa al borde de la corrupción, total o parcial, y de forma ilegal, vulnerando su propia normativa interna, como la ley indígena y la ley de borde costero, además de sus obligaciones internacionales”, enfatizó.

Finalmente, Hualme, hizo “un llamado al pueblo mapuche y a todo luchador social, a enfrentar con inteligencia estos intentos de intervención en los nuestros territorios, quebrantando estas malas intenciones y actuaciones de políticos y empresarios, derrotándolos en sus propios espacios de deliberación. Es lo que hemos hecho nosotros, hemos entrado en la casa del enemigo a derrotarlo, para derrotarlos dentro de la propia institucionalidad del Estado”, finalizó.

                Entre las recomendaciones de este estudio se encuentra la dirigida al Estado  a objeto de que en el Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos que está impulsando, permita la revisión de la legislación vigente y su adecuación a los estándares internacionales de derechos humanos referidos a pueblos indígenas  a objeto de que la actividad empresarial no resulte en la violación de sus derechos, como se constata en el estudio, y la incorporación y consulta a pueblos indígenas en el proceso de su elaboración.

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