La Corte de Apelaciones de Valdivia rechazó el recurso de protección presentado por la comunidad Inalafquen, Inocente Panguilef y el Parlamento de Coz Coz en contra del Servicio de Evaluación Ambiental Región de los Ríos, representado por su Director (S) Raimundo Pérez Larraín, el que buscaba impugnar el proceso de evaluación ambiental al proyecto Central Hidroeléctrica Neltume y Línea de Alta Tensión Neltume-Pullinque, por considerar que no cumplía con los estándares del Convenio 169 de la OIT y que la aparente “consulta” no se había realizado de buena fe.
Sin embargo, la Corte argumentó que el SEA regional “ha cumplido a cabalidad con los presupuestos normativos de la Consulta Previa a los que alude el Convenio N° 169 de la OIT, no configurándose ilegalidad ni arbitrariedad alguna en la implementación de la Consulta Indígena decretada en el marco de la evaluación ambiental de los proyectos Central Hidroeléctrica Neltume”. Añadiendo luego que “el recurso de protección no puede prosperar porque no concurre el presupuesto favorable a esta acción de que el acto denunciado tenga la aptitud de privar, perturbar o amenazar el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales cautelados mediante esta acción de protección constitucional.”
Conocida la resolución del tribunal el Werkén del Parlamento de Koz Koz, Jorge Hueque, señaló que este rechazo era previsible “porque siempre van a votar a favor de los proyectos de inversión”. Hueque también comentó que hace tiempo están tratando de dialogar con el Intendente, sin tener respuesta. Pues “en este caso más allá de los temas legales, aquí hay temas que son netamente políticos”, aseguró.
Finalmente, el dirigente recalcó que pidieron a la presidenta Bachelet derogar el decreto de consulta dejado por Piñera, por inconsulto y no cumplir con lo establecido por la OIT en el Convenio 169, pero no se refirió a ello en su cuenta pública del pasado 21 de mayo, enfatizando que es evidente la “falta voluntad política” de las autoridades. Por lo mismo, Hueque anunció que presentarán en los próximos días un recurso de apelación que deberá ser visto por la Corte Suprema, porque “sabemos que tenemos la razón”, y que están a la espera de respuesta para la reunión solicitada con la Ministra de Desarrollo Social.
Recurso de apelación para impugnar “proceso de consulta viciado”
Desde el punto de vista judicial, Hernando Silva, coordinador del Área Jurídica del Observatorio Ciudadano, explica que la decisión de la Corte lo que hace es “legitimar” el proceso de consulta llevada por el SEA, que ha sido altamente cuestionado por las organizaciones mapuche afectadas por la central Neltume. “Principalmente en lo relativo al levantamiento imparcial de la información, que deja en evidencia las afectaciones directas del proyecto”, dado que hasta ahora solo se ha evaluado a partir de la información que ha entregado la empresa y a las observaciones que han ido presentando los actores del estado en las cuatro adendas que se han tramitado respecto a este proyecto.
En el fondo, explicó Silva, no ha habido una evaluación transversal de los efectos del proyecto, algo “extremadamente necesario” como lo ha planteado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el fallo Sarayaku, donde establece que “tiene que haber una evaluación integral de los efectos del proyecto”, cuando se insertan en territorios de pueblos indígenas y resguardar que no haya una afectación en el “modo de vida de las comunidades”. Elemento esencial, además, según lo establecido la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para incorporar el estándar del consentimiento a la evaluación de los proyectos de inversión en consulta, no obstante en este caso “la corte desconoce estos argumentos de las comunidades”, destacó Silva.
Producto de lo anterior, es que han decido recurrir al recurso de apelación para “intentar revertir” la resolución de la Corte de Apelaciones de Valdivia, y de este modo sea la Corte Suprema quien conozca de esta causa. El plazo para la presentación del recurso es de cinco días desde la notificación de la resolución por el estado diario, por lo que debe ser interpuesta antes de este sábado 31 de mayo, a fin de que el máximo tribunal restablezca el imperio del derecho y proteja los derechos de las comunidades, dejando sin efecto “el proceso de consulta viciado” que se está llevando adelante, e incorpore un proceso de consulta nuevo que considere lo que está siendo requerido por las comunidades y que surgen desde una interpretación fidedigna de los estándares y precedentes que ha ido determinando la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La sentencia de la corte valdiviana fue pronunciada por la primera sala, integrada por la Ministra Ruby Alvear Miranda, el Ministro Juan Ignacio Correa, quien no firma no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo del fallo por encontrarse ausente, y el abogado integrante Francisco Javier Contardo.
