El Presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile, Juan Pablo Swett, en compañía de su director ejecutivo, Cristián López, y otros 13 demandantes, una demanda de Nulidad de Derecho Público en contra del Servicio de Impuestos Internos (SII), por el cobro del 35% de impuesto sobre el pago del servicio Google AdWords. Esta acción colectiva busca probar que el SII actuó de manera arbitraria y discriminatoria con las empresas a las que fiscalizó (algunas incluso embargadas) y anular el proceso de cobranza iniciado este año. Todo esto con los estándares de la OCDE en la mira, los que se cree, han sido vulnerados por el Estado chileno, en desmedro de los emprendedores chilenos.
Resumen del caso
En septiembre del año pasado, el Servicio de Impuestos Internos (SII) pidió a Google Inc. la entrega de información referida a los pagos de Google AdWords (servicio que permite a las empresas publicitar en el buscador y que cobra por cada click hecho) realizados por los clientes domiciliados o residentes en Chile.
Así, el organismo estatal comenzó a cobrar a las empresas un impuesto del 35% que afecta a los servicios facturados en el extranjero, más multas, intereses y reajuste.
Las 200 empresas afectadas aseguran que desconocían la aplicación de este gravamen, el que tampoco fue clarificado por Google o el SII. De hecho, ya la solicitud de información a la empresa en Estados Unidos no les pareció adecuada a las chilenas afectadas pues, aseguran, muchas trabajaban con la subsidiaria de Google en Argentina.
Hay multas que van desde los $10 millones hasta los $1.500 millones, cifra que podría hacer quebrar a más de cuarenta empresas nacionales, en su mayoría pymes. Se trata de uno de los pocos casos que involucra a una empresa tecnológica de renombre mundial, a emprendedores y al SII.
Adicionalmente, de acuerdo con lo estipulado por la Ley de la Renta, este impuesto afectaría a cualquier servicio facturado en el extranjero, por lo que si el proceso de fiscalización continúa, podría afectar a cerca de un millón de empresas y a los usuarios de aplicaciones y software como WhatsApp, Dropbox, iTunes y Netflix.
Durante casi un año, se hicieron todos los esfuerzos posibles por encontrar una solución que evitara la quiebra de las empresas afectadas. Si bien, hubo buena disposición de parte del Ministerio de Economía, faltó disposición de Tesorería y Hacienda, autoridades con la potestad para actuar sobre esta materia.
Adicionalmente, se sabe que Google firmó acuerdos con las grandes empresas: por cada cien dólares de publicidad que pagaban a Google, estas podían retenerle el 35% del impuesto siempre y cuando le acreditaran que iba al SII y el 65% iba a Google. Así se dejaba en desventaja a las pequeñas empresas. En paralelo, durante enero y febrero, Google llegó a acuerdo con algunas empresas más pequeñas para los pagos a futuro e impedir que nuevos mal entendidos.
Después de cinco meses de trabajo con el estudio de abogados Phillippi, se ha decidido iniciar una demanda de Nulidad de Derecho Público en contra del SII, con el fin de probar que este actuó de manera arbitraria y discriminatoria con las empresas a las que fiscalizó (algunas incluso embargadas) y anular el proceso de cobranza iniciado este año. Todo esto con los estándares de la OCDE en la mira, los que creemos, han sido vulnerados.
